El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente que sostuvo una relación con el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, al hallarla culpable de explotación sexual comercial de menores y lavado de activos.
La condena establece que Chevalier no solo permitió el abuso sexual de su hija, sino que también lo facilitó y se benefició económicamente, constituyendo una violación directa de múltiples leyes nacionales que protegen a los menores de edad frente a crímenes de trata, corrupción y explotación.
La decisión fue tomada por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, quienes ordenaron que la condenada cumpla su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, además de pagar una multa equivalente a 30 salarios mínimos, como establece la Ley 136-03.
Según la sentencia, la acusada incurrió en un patrón de conducta criminal deliberada, utilizando la vulnerabilidad de su hija para obtener beneficios personales, lo que constituye un atentado grave contra los derechos fundamentales de la menor.
El Ministerio Público mostró pruebas documentales, testimoniales y periciales que evidenciaron la existencia de activos adquiridos con recursos ilícitos, así como comunicaciones que demostraron la implicación activa de Chevalier en el esquema de explotación.
Entre las leyes violadas se citan:
- Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: artículos 25, 396-B y 410
- Ley 137-03 sobre Trata y Tráfico de Personas: artículos 3 y 7
- Ley 155-17 sobre Lavado de Activos: artículo 3, numerales 1, 2 y 3
- Código Penal Dominicano: artículos 265 y 266, sobre asociación de malhechores
El tribunal calificó los hechos como una violación flagrante de la dignidad humana y de las normas de protección infantil, reafirmando que ningún grado de parentesco justifica la complicidad en delitos sexuales.
La sentencia marca un precedente importante en la lucha contra la explotación sexual infantil en el ámbito familiar, y refuerza el compromiso de las autoridades con la protección integral de los derechos de la niñez.
